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La Novedosa Plataforma Jurídica que Motiva la Inversión en Innovación y el Emprendimiento

19 de febrero de 2019 / Lic. Edwin Barrientos

Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor, realizado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala es el país con el porcentaje de emprendedores más elevado de latino américa, con un 92% de la muestra recabada, mientras que otros países el porcentaje es del 61%, estos porcentajes se refieren a las personas que consideran que el emprendimiento es una buena forma de iniciar carrera, y generar ingresos.

Los datos aportados por el Centro de emprendimiento Kirzener, no sorprenden tomando en cuenta la importante tasa de desempleo, y el bajo promedio de edad de la población en Guatemala. El dato que si sorprende, es que aun siendo el país con la tasa de emprendedores más alta de Latino América, también es el último lugar del mundo en apoyo financiero y políticas gubernamentales para el desarrollo de los emprendedores, esto derivado de la poca apertura de mercado, la poca capacitación, los nulos programas de gobierno que apoyen a este sector de la población, la burocracia institucional, y los altos costes para la creación de una plataforma jurídica necesaria, para operar los emprendimientos conforme a la ley y con una base sólida que facilite el crecimiento empresarial.

El Congreso de la República de Guatemala, en octubre del presente año, por medio del decreto 20-2018, crea la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, normativa que cambia de manera drástica la original manera de iniciar los negocios, ya que adiciona una nueva sociedad mercantil al Código de Comercio, que se denomina Sociedad de emprendimiento, garantizando menor tiempo para su constitución, dado los pocos requerimientos y bajos costos.

Esta parte de la normativa beneficia tanto a emprendedores como a inversionistas, ya que estos pueden entrar en sociedad sin tener que consumir el capital de inversión en temas administrativos, destinando la totalidad de las aportaciones a la invención y a poner en marcha las actividades que tienen como fin crear riqueza y generar empleo aumentando la productividad del país.

Los bufetes jurídicos tienen la obligación moral de proporcional la asesoría personalizada para los casos concretos, asesoría en la cual se debe de tomar en cuenta aspectos tan importantes como la proyección de crecimiento, porque de ahí parte la plataforma jurídico legal que se les debe proporcionar.

Para los inversionistas, esta nueva normativa es una muy buena herramienta de negociación, porque permite establecer los parámetros de la inversión de manera flexible y rápida, juntamente con la seguridad de que con la figura legal de la Sociedad de Emprendimiento su patrimonio estará protegido, y al mismo tiempo generando dividendos que hagan crecer la inversión, motivando a seguir apoyando la innovación y el emprendimiento, que hasta el día de hoy ha quedado demostrado que las empresas más grandes de mundo, con los capitales más sólidos, y que generan más seguridad a sus socios son las que han nacido de la innovación y el emprendimiento.

En Servicios Jurídicos Integrados, estamos a la vanguardia de todas y cada una de las alternativas legales que facilite el emprendimiento y motive la inversión, tratando de esta manera ser socios estratégicos de nuestros clientes, aportando nuestro conocimiento legal, en favor de la materialización de los proyectos de innovación y emprendimiento, brindando también un catálogo de servicios enfocados al desarrollo empresarial.

Crea Tu Negocio, Innova y Crece

25 de mayo de 2020

Lic. Francisco Barrientos

“La adversidad tiene el don de despertar talentos, que en la comodidad hubieran permanecido dormidos”. -Quinto Horacio Flaco

En el año dos mil veinte, derivado de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, la pérdida de empleos ha sido una constante, el cierre de diversos comercios que por su giro de negocios no pudieron adaptarse, como restaurantes gourmet, bares, etc, que también han ido cerrando de a poco, también existen los que pudieron adaptarse, pero aún con ello no tienen el volumen de ingresos que tenían anteriormente, por lo que hace dificultosas sus operaciones.

Todos los anteriormente mencionados tienen algo en común, y es que todos tienen la necesidad de crear negocio, innovar, generar ingresos, y lo lograran seguramente con nuevos modelos de negocio, que se adapten a las necesidades actuales, como es el uso de las redes sociales, medios electrónicos de comercio, prestación de servicios de manera remota, entre otros.

Para ello es importante tener una plataforma jurídica que se adapte a las necesidades de cada uno de esos negocios, coadyuvando al crecimiento del mismo, de manera segura, eficiente, y dinámica, con la que los riesgos se minimicen, aplicando soluciones jurídicas preventivas de vanguardia, que refuercen los cimientos de las empresas. Por lo que es muy importante estudiar el giro de negocios para así poder determinar la plataforma legal ideal para cada caso específico.

Muy pocas personas inician un negocio acompañado de la asesoría preventiva de una firma jurídica, porque asumen que es un costo no esencial, pero estadísticamente está probado que la asesoría preventiva en todo ámbito, el legal no es la excepción, es mucho más rentable para una empresa que afrontar costos correctivos, siendo la razón por la que muchos empresarios requieren de servicios permanentes que les dan la tranquilidad, de que las operaciones financieras, comerciales y administrativas, se estén llevando a cabo paralelo a la ley y en concordancia con las proyecciones de crecimiento.

¿Que es importante tomar en cuenta al crear una plataforma jurídica? esa es la pregunta clave. hemos detectado que lo más importante para dar inicio a un negocio, es determinar cuál va ser el servicio o producto que se prestara de manera inmediata, y cuales opciones de productos o servicios se derivan de ese producto inicial, ya que por ejemplo es muy distinta la normativa que regula a la distribución de productos farmacéuticos, a la venta de proyectos inmobiliarios.

Son dos áreas muy distintas, reguladas por normas diferentes, y fiscalizadas por órganos administrativos diferentes, por lo que es importante acudir con un profesional para que este indique cuales son las normas reguladoras, para en primer punto no infringir la ley, y en segundo punto, adecuar las normas a las operaciones de manera eficiente.

Con la determinación de las normas aplicables al negocio a implementar, el segundo paso es la creación de la plataforma legal, ad hoc a las necesidades no solo del propietario del negocio, sino también para los clientes.

Para ello ponemos a su disposición nuestro departamento corporativo que goza de años de experiencia en el acompañamiento y asesoramiento empresarial, aportando en el crecimiento de los negocios de nuestros clientes, convirtiéndonos en sus aliados.

¿Qué es el estado de calamidad? ¿Cuáles son mis derechos?

29 de marzo de 2020

Lic. Francisco Barrientos

En la Jerarquía normativa guatemalteca, la Constitución Política de la República de Guatemala, es la norma suprema, con la que se fundaron las bases administrativas, legales, y organizacionales del estado, posteriormente debajo jerárquicamente se encuentran las leyes de rango constitucional, son de rango constitucional ya que estas no fueron emitidas por el Congreso de la República, si por la Asamblea Nacional Constituyente, y entre ellas se encuentra la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público es la norma que el Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei utilizo como fundamento para declarar los estado de calamidad, mediante los decretos Gubernativos 5-2020, 6-2020 y 7-2020, y también basado en el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la emergencia sanitaria causada por el SARS COVID-19, por ello muchas personas se preguntan, ¿En qué consiste?, ¿Cuáles son mis derechos?, ¿Hasta dónde puede llegar el estado en el ejercicio del poder público?. En primer punto, cualquier estado de excepción regulado en la Constitución de la República de Guatemala, y la Ley de Orden Público tienen como fin el restringir derechos constitucionales, para con esto mantener la estabilidad de las instituciones del estado y la seguridad de las personas.

Específicamente el Estado de Calamidad Publica decretado en estos días, lo que se trata, es reducir los efectos de una calamidad que azote al país, en este caso la crisis sanitaria, y su declaración trae implícitas prohibiciones que deben de ser complementadas por medio del decreto emitido por el Presidente en Consejo de Ministros, por lo que no se puede determinar que las prohibiciones son únicamente las reguladas en el artículo 15 de la Ley de Orden Público, ya que estas son escuetas, pudiéndose interpretar de muchas maneras, algunas pueden erróneas, sin tomar en cuenta de que estas medidas establecidas en la ley son optativas, es decir que el gobierno de acuerdo a la clase de calamidad que se presente puede aplicar algunas o todas.

En el Decreto Gubernativo 6-2020, siendo este el ultimo, y complementario al 5-2020, existen dos restricciones a derechos constitucionales, uno es la libertad de locomoción en determinados horarios (de las 16:00 horas a las 4:00 horas), que esta aplica de manera “general” a to o habitante del territorio guatemalteco, que este de paso, residente, nacional o extranjero, a excepción de algunos servidores públicos, cuerpo diplomático, fuerzas de seguridad del estado, y personal de empresas que ofrezcan servicios a domicilio y de artículos de primera necesidad; ahora la pregunta es, ¿Qué artículos son de primera necesidad?; Si se quiere evitar detenciones, lo ideal es ajustarse a lo establecido en el decreto (medicina, gas, alimentos y productos de limpieza), para así evitar que la situación jurídica de una persona tenga que ser definida por un criterio, que a nuestro parecer puede incluir servicios de primera necesidad, pero para un juez no sea así. Otra restricción que es de aplicación General, pero que afectará únicamente a algunas personas a las que el Estado determine como posibles portadores del Virus, e implica que el Estado disponga poner a personas posibles portadoras del virus bajo el resguardo de un centro de atención para la salud, para así evitar la propagación del virus y eventualmente salvaguardar la vida del afectado, en este caso restringiendo la libertad de locomoción también.

Y la tercera que es una medida más económica, pero que también restringe derechos constitucionales, es la de limitar mínimos y máximos de los precios de los productos, ya que la Constitución Política de la República de Guatemala el en Articulo 43, promueve y regula la libertad de comercio, y limitando los precios de los productos se restringe dicha libertad, y por lo tanto los comerciantes deben de tomar muy en cuenta evitando así penalizaciones, por el desconocimiento, y la no difusión de las medidas por parte del estado.

Es necesario resaltar que la población tiene derecho de hacer todo lo que la ley no prohíba, a excepción de las restricciones establecidas en el presente artículo, y que deben de ser acatadas para así evitar detenciones, pagos de multas, y sanciones administrativas. Esperamos que esta crisis sanitaria sea resuelta lo antes posible para poder seguir trabajando como guatemaltecos en un mejor país, y para eso necesitamos ser responsables y protegernos a nosotros, nuestras familias y a las demás personas.

La Novedosa Plataforma Jurídica que Motiva la Inversión en Innovación y el Emprendimiento

19 de febrero de 2019

Lic. Edwin Barrientos

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